CIUDADANOS DEFENDIENDO DERECHOS HUMANOS
Alejandra Yáñez Rubio
Esta semana comenzó en el congreso de Puebla el Parlamento Abierto de “Derechos Sexuales, Reproductivos y Aborto legal”. En la convocatoria que invitaba a la población en general a participar, se señalaron los ejes sobre los cuales versará la discusión del tema del aborto con la ciudadanía: Mesa 1: Derechos sexuales y reproductivos, Mesa 2: Derechos sexuales y reproductivos en la familia y niñez, Mesa 3: Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género, Mesa 4: Aborto, una aproximación desde el ámbito de la salud y Mesa 5: Interrupción del embarazo, una aproximación jurídica. La mesa 1 se llevó a cabo los días 5 y 6 de abril. La mesa 2 se desarrollará en los días 8 y 9 de abril.
Quisiera recalcar qué en lenguaje de derecho internacional, no existen los derechos sexuales. En la ONU no ha habido consenso sobre este término, que es mucho más amplio al concepto realmente estipulado en los tratados internacionales: el acceso a los servicios de atención médica, que incluyen a su vez la planificación familiar (art. 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). El derecho humano reconocido es el acceso a la salud. Sin embargo, a nivel “local” los aliados y representantes de los grupos feministas y generistas han ido incorporando el término “derechos sexuales” en las leyes de distintos países, incluido México, para que la interpretación sea mucho más amplia. Con este término, la obligatoriedad de protección y garantía de los estados va más allá de los servicios de atención médica. El término “Derechos sexuales” va más allá del acceso a la salud, implica también el reconocimiento del ejercicio ideologizado de la sexualidad. Es una manera legal de implementar la ideología de género.
Los términos establecidos en los tratados internacionales han sido mal traducidos en nuestras leyes nacionales. Es labor de la ciudadanía argumentar que no existen los derechos sexuales, que la obligación de México es garantizar el acceso a la salud, incluyendo la planificación familiar. Los ciudadanos deben demostrar que no existe el derecho al aborto, que el embarazo no es una enfermedad y que las mujeres requerimos de otras opciones legales para salvaguardar nuestra seguridad y libertad sexual.