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Inicio Bioética Una firma en favor del inocente o una omisión sumamente grave
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Una firma en favor del inocente o una omisión sumamente grave

María Cecilia Rodríguez Revoredo

Cuántas veces firmamos en nuestra vida para que nos den crédito, para sellar un compromiso, para que conste que hemos acudido al trabajo; también firmamos para adherirnos a alguna petición, a alguna denuncia sea justa o injusta.

Hoy es el tiempo justo en el que nuestra firma tendrá un profundo sentido de verdad y trascendencia. Quizá la única vez que ese signo que elegimos para identificarnos tendrá un fruto que realmente valga la pena por lo siguiente:

En el DF, una de las treinta y dos entidades de nuestro país, como resultado de una votación hecha por los legisladores el 24 de abril de 2007 fue aceptada la despenalización del aborto si este se efectúa antes de que el nuevo ser tenga 12 semanas. Como la Constitución Mexicana protege al concebido (artículo 22 entre otros) y reconoce que el aborto es un homicidio, en esa ocasión determinaron que no sería considerado «aborto» ese mismo hecho antes de ese periodo.

En el Distrito Federal, en este año cumplido el 24 de abril pasado, se han realizado en los hospitales oficiales poco más de 7,000 abortos como consecuencia de aquella decisión.

La Procuraduría general de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) dirigieron a los once Ministros de le Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento en el que piden que esa despenalización sea declarada como inconstitucional y sea detenida esta ola de abortos.
           

 Por eso es hoy cuando los ciudadanos tenemos la oportunidad y el deber de firmar a favor de lo justo y lo legal, tu firma a favor del más pequeño. Se trata de manifestar a los once ministros que reconocemos que desde la concepción la persona tiene derecho a la vida, y los demás tenemos el deber de respetársela. Que ese derecho suyo es anterior a todos los demás derechos, el cual no depende de ninguna votación, pues es el derecho natural por excelencia al que el derecho positivo, y por lo tanto todo legislador, está obligado a tutelar.
 

 

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